La Corte Suprema de Justicia revocó la condena contra el exalcalde de Altamira, Amín Losada Losada y su entonces tesorero, José Octavio Narváez Tovar. Los dos habían sido acusados por la Fiscalía del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por autorizar un ‘avance’ de tres millones de pesos para las actividades por la conmemoración de la fundación del Municipio, el día de los niños y vacaciones recreativas. “En el juicio se probó la autorización de un ‘avance” de recursos públicos y documentos sobre su uso, pero no acuerdos contractuales con particulares’, explicó la Corte.

Rafael Rodríguez C.

Sin efecto quedó la condena de ocho años, seis meses y un día contra el exalcalde de Altamira, Amín Losada Losada y su entonces tesorero, José Octavio Narváez Tovar, sentenciados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales al autorizar un avance para desarrollar las actividades de conmemoración de la fundación del Municipio, el día de los niños y vacaciones recreativas.

Y es que la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Neiva, del pasado 17 de junio de 2024, al resolver la impugnación especial instaurada por el abogado Ricardo Falla defensor del exmandatario Losada.

Según Myriam Ávila Roldán, magistrada ponente de la Sala de Casación de la Corte, se estableció que luego de analizar las pruebas, se determinó que lo ocurrido no encajaba dentro de la definición legal del delito por el que la Fiscalía acuso a los dos procesados. “Los hechos objeto de acusación resultaban atípicos respecto del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales”.

El exmandatario Losada Losada se mostró satisfecho con la decisión de la Corte. “El tribunal (Tribunal Superior de Neiva) se equivocó en su fallo, que fue un fallo bastante duro, yo creo que son seres humanos y ante Dios es que se tiene que entregar ante Dios es que se debe responder por lo de cada uno. De manera pues que me siento muy contento, muy satisfecho porque la Corte me ha dado la razón”, dijo el diálogo telefónico con LA NACIÓN.

La Fiscalía en la acusación contra el exalcalde Losada Losada y el extesorero Narváez Tovar, manifestó que, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2008, en Altamira, se desarrollaron actividades por la conmemoración de la fundación del Municipio, el día de los niños y unas vacaciones recreativas.

Sostuvo el fiscal que para la financiación de los eventos, mediante Resolución 229 del 28 de octubre de 2008, el entonces alcalde, Amín Losada Losada, autorizó un ‘avance’ de recursos públicos por valor de $3’236.773 a nombre del tesorero municipal, José Octavio Narváez Tovar.

Aseguró que con cargo a los recursos se celebraron seis contratos verbales, respaldados en los registros presupuestales 1507 y 1508, en los certificados de disponibilidad presupuestal 1519 y 1520, y en las órdenes de pago n.° 1556 y 1557, que se cancelaron a los contratantes los días 7 y 8 de noviembre de 2008.

Indicó que los contratos fueron con Miguel Ángel Peña Jiménez, por el apoyo musical de las festividades del aniversario del Municipio, por $1’773.000; Olga Silvia Morales, el suministro de productos alimenticios destinados a las actividades recreativas programadas por la administración municipal, por $713.773; a Óscar Andrés Hernández, por la realización de actividades recreativas con ocasión del aniversario del Municipio, por $240.000; Lina María Pérez por la elaboración y suministro de una torta para la celebración del cumpleaños del Municipio, por $120.000; a Arbey Jiménez, el alquiler de equipos de sonido para las actividades conmemorativas, por $250.000 y a Hernando Ortiz por el suministro de helados durante la celebración del día de los niños, por $140.000.

El fiscal indicó que Losada Losada, como alcalde y ordenador del gasto, y Narváez Tovar, como tesorero municipal, tramitaron, celebraron y liquidaron los contratos sin observar los requisitos legales esenciales de la contratación estatal. “Desconocieron la Ley 80 de 1993 y los principios de transparencia, planeación, selección objetiva responsabilidad que rigen la contratación estatal”.

Absuelto en primera instancia

El juez de primera instancia señaló que la conducta típica del delito atribuido de ningún modo recae en cualquier irregularidad en el proceso contractual, el quebrantamiento de exigencias legales atañe a aquellos reputados esenciales.

Sobre la vulneración del principio de legalidad, niega poder atribuir responsabilidad a través de una genérica y abierta enunciación de principios de contratación infringidos. “Debe identificarse el concreto precepto normativo y el mandato de conducta transgredido por el servidor al tramitar, celebrar o liquidar el contrato, sin ser dable aplicar una ponderación ex post y expansiva de tales principios, a fin de crear presupuestos en absoluto exigibles al funcionario a la hora de contratar”, explicó el operador judicial.

Señala que los hechos jurídicos relevantes parten de la resolución 229 del 28 de octubre de 2008, proferida por el burgomaestre de Altamira, Amín Losada Losada, que tenía como propósito festejar el cumpleaños 153 del municipio de Altamira, conmemorar el Día del Niño y realizar vacaciones recreativas, con actividades artísticas y culturales, el 31 de octubre de esa anualidad.

Sostuvo que así mismo, dio cuenta de la necesidad de realizar un avance al tesorero y dispone autorizarle, a José Octavio Narváez Tovar, la suma de $3.236.773. “La imputación presupuestal estaba a cargo de los rubros Deporte y Recreación, $2.486.773, y cultural, $750.000. Estos aspectos fueron objeto de estipulación”.

Pese a estar sustentados los hechos en la inexistencia del contrato escrito, la Fiscalía orientó su actividad probatoria a demostrar con testigos la ausencia de ejecución de lo contratado para las dos festividades.

Advierte que el delito de peculado debió considerarlo en la imputación y en la acusación si esa era su perspectiva, pero omitió formular ese cargo. “Sin embargo, en sesión de audiencia de seis de noviembre de 2019, obró como hecho estipulado el pago a los contratistas Miguel Ángel Peña, Olga Silvia Morales, Oscar Andrés Hernández, Lina María Pérez, Arbey Jiménez y Hernando Ortiz por los servicios brindados con ocasión del objeto del avance”.

Agrega que los hechos dan cuenta de una autorización al Alcalde para permitir los avances al tesorero para pagar gastos menores de la administración municipal: la Resolución 228 de 2008. Por lo que el burgomaestre profirió acto administrativo porque dio por hecho la existencia de ese soporte jurídico para aceptar hacerlo. “En este punto resalta el carácter doloso de aquel delito; exige que en su ejecución el agente activo al momento de tramitar celebrar o liquidar el contrato tenga consciencia de hacerlo con violación de los requisitos legales sustanciales y ejecutarle a pesar de ello”.

Precisó el togado que desde esta perspectiva, como el defensor del primero de ellos lo planteó, el alcalde pudo incurrir en error inducido por la seguridad jurídica ofrecía sobre las posibilidades de acudir al avance. “Al estar ambos acusados convencidos de la licitud del comportamiento realizado lo dejaron consignado por escrito”.

El juez terminó absolviendo a Losada Losada y Narváez Trovar del cargo de contrato sin cumplimiento de requisitos.

“El contrato verbal es un acto irregular”

La decisión de absolverlos fue apelada por la Fiscalía, que señaló que los acusados asumieron funciones en enero de 2008 y, que antes de los eventos analizados ya habían realizado otros negocios contractuales. “Ellos sabían que omitir-la forma escrita de un contrato, [que es] la más básica de las exigencias, es una irregularidad (…) una ilicitud”.

Sostiene el fiscal que no había prueba de existencia de la caja menor, del acto administrativo de creación, del certificado de disponibilidad presupuestal donde amparara su constitución, de su cuantía según la categoría del municipio, del rubro presupuestal, el responsable de su manejo, los tipos de avances permitidos. “Destaca el uso de esos fondos para cubrir gastos menores e imprevistos, urgentes para cubrir el pago inmediato”.

Insiste en ser la exigencia de escritura del contrato estatal un “elemento esencial para que exista y produzca plenos efectos jurídicos… pese a los cambios de legislación sobre las mínimas cuantías, los requisitos esenciales nunca cambiaron. En conclusión, el contrato verbal es un acto irregular sin efectos en materia administrativa, con consecuencias penales”.

No es igual avances que caja menor

Los magistrados del Tribunal Superior de Neiva manifestaron que desvió del principio de legalidad en la celebración del contrato al no existir el documento escrito.

“El soslayo al principio fundamental de legalidad puede evidenciarse en la celebración del negocio jurídico entre el alcalde municipal de Altamira (por intermedio del tesorero) y los señores Miguel Ángel Peña, Olga Silvia Morales, Oscar Andrés Hernández, Lina María Pérez, Arbey Jiménez y Hernando Ortiz, para la prestación de servicios en la celebración del cumpleaños 153 de la creación del municipio, conmemoración del Día del Niño y las vacaciones recreativas”.

Indicaron que el convenio fraguado en forma verbal entre los intervinientes, “sin mediar documento escrito para soportar su solemnidad y soslayar la forma del contrato estatal (requisitos de validez y existencia de los contratos) descrito en la Ley 80 de 1993”.

Agregaron que sumado a ello, están las órdenes de trabajo de José Octavio Narváez con las cuentas de cobro y recibos de pago a Hernando Ortiz por $140.000, a Arbey Jiménez $25...

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